Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de la instancia por la que, estimando parcialmente el recurso formulado se confirma la sanción de expulsión impuesta al recurrente como responsable de la infracción tipificada en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000 reduciendo, de cinco a dos años, el periodo de prohibición de entrada. Se sustenta la apelación en la aplicación de un procedimiento inadecuado, el preferente, para la tramitación de la sanción de expulsión al encontrarse el apelante interno en el Centro Penitenciario de Villanubla y sin que por ello exista, riesgo alguno, de incomparecencia. No representando tampoco, un riesgo para el orden público. Se invoca, en segundo lugar, la infracción del principio de proporcionalidad y, subsidiariamente, que se reduzca, al mínimo legal el periodo de prohibición de entrada en territorio español. Se confirma la sentencia apelada rechazando, en primer lugar, la alegación relativa a la inadecuación del procedimiento seguido. Declara la Sala que, dicha alegación, no se sustenta en ningún supuesto de indefensión material, estando debidamente elegido el procedimiento seguido al aportar, el apelante, dos filiaciones diferentes. En cuanto al fondo se confirma la sanción de expulsión impuesta, sin que concurra en el apelante, circunstancia alguna, que permita su valoración a los efectos de la proporcionalidad de la sanción impuesta. Se confirma la rebaja de la prohibición de entrada atendiendo a la gravedad del delito, por el que fue condenado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado, que desestima el recurso contencioso planteado frente a resolución adoptada por el Ayuntamiento, recaído en el Expediente de Restauración de la Legalidad Urbanística, por la que se desestiman las alegaciones presentadas por la Comunidad de Propietarios y se declara responsable a dicha comunidad, en calidad de promotora, de la realización de las obras construcción de una piscina de 16 x 12 x 1,50 m, en zona verde, delimitación de una zona mediante vallado con malla de simple torsión de 446 m x 1,50 m y pavimentado de la parcela, sin contar con la preceptiva licencia o autorización municipal, no siendo posible su legalización por ser incompatibles con el planeamiento. Examinando plazos, no concurre la caducidad del expediente. El momento de formulación de conclusiones no constituye el lugar propio para la determinación de las pretensiones en el proceso. La Administración ha seguido este expediente frente al "dueño o responsable de la obra" que en este caso no coincide con el titular del suelo. La prescripción no sería viable ya que se trata de suelo público-zona verde y no cabe la prescripción en zonas verdes.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la mercantil recurrente contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de León que inadmitió su demanda frente a una resolución sancionadora de la Junta de Castilla y León. La resolución impuso una sanción de 1.400,70 € tras acogerse la empresa a la reducción del 30% prevista en el art. 146.3 de la LOTT, al pagar anticipadamente. El TSJ confirma la sentencia considerando que la resolución administrativa no agotaba la vía administrativa, ya que cabía recurso de alzada, expresamente indicado en el pie de recurso. Por tanto, el recurso contencioso-administrativo fue correctamente inadmitido conforme al art. 69.c) LJCA. La Sala rechaza que sea aplicable el art. 85.3 de la LPACAP, al tratarse de una sanción superior a 2.000 € inicialmente, y considera que la normativa sectorial (LOTT) prevalece sobre la general. Se impone a la apelante el pago de las costas de esta segunda instancia.
Resumen: Para que se perfeccione la infracción disciplinaria aplicada basta que se produzca uno de los resultados previstos en la norma, que son alternativos y no acumulativos. En el caso, concurren todos los elementos del tipo, pues constan acreditadas: la condición de brigada del Ejército de Tierra del recurrente; la condena firme a pena privativa de libertad que le fue impuesta por la comisión de un delito ordinario -no militar- en aplicación de preceptos del CP común; y la afectación de la dignidad militar, ya que la conducta observada por el recurrente -que, encontrándose en trámites de divorcio, arrastró por el suelo y golpeó a su esposa- no solo es recriminable en el ámbito penal, sino que, además, por su condición militar, supone una incuestionable falta de respeto a dicha dignidad, es decir, al decoro y rectitud que como militar le es exigible no solo en acto de servicio y en las relaciones con sus superiores, iguales o subordinados, sino también en sus relaciones con terceros ajenos a las FF.AA. En el caso, no solo existe una sustancial diferencia con los asuntos resueltos previamente por la sala en los que se apoya la resolución sancionadora -que se referían a supuestos de condenas firmes por delitos de maltrato habitual, cuando la condena ahora impuesta obedece a un hecho puntual-, sino que fue apreciada y aplicada al recurrente la atenuante de reparación del daño, por lo que no se entiende que proceda imponer la sanción más grave de las posibles -separación del servicio-, considerándose más adecuada y proporcionada a las circunstancias concurrentes la de suspensión de empleo por un año.
Resumen: Admitido el recurso de casación en materia de extranjería, la Sala reafirma la jurisprudencia de la Sala otorgando preferencia a la sanción de multa ante supuestos de estancia irregular y reservando la sanción de expulsión a los casos en que concurra, además de la estancia ilegal, otra u otras circunstancias agravatorias, debiendo justificarse, en todo caso, que tal o tales circunstancias son de suficiente entidad como para considerar la expulsión como una respuesta adecuada y proporcionada a su gravedad.
En cuanto a la valoración de dos circunstancias concretas como son la falta de arraigo y el desconocimiento de cómo y cuando entró la recurrente en España, y si lo hizo acompañando a ciudadano español con quien dice haber mantenido una relación afectiva en el momento de dicha entrada, la Sala considera, en base a su propia jurisprudencia, que no pueden configurarse como circunstancias agravantes.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regiona por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria por dejar de ingresar dentro del plazo establecido la liquidación por el IVA. La Sala tras reconocer que pueden invocarse defectos en liquidaciones tributarias firmes al tiempo de recurrir tempestivamente sanciones tributarias cuando se encuentren íntimamente conectadas con tales liquidaciones, por lo que se examina la liquidación tributaria y la deducibilidad de las cuotas del IVA soportado y se concluye que para el derecho a deducir las cuotas de IVA soportadas es necesario la prueba del derecho, lo que exige la posesión del correspondiente documento acreditativo, por lo que la existencia de la factura es un requisito formal ineludible, pero también es un requisito formal la contabilización en los libros reglamentarios, habiéndose requerido a la actora para la aportación de libros lo que se ha cumplido sin que se hayan incurrido en defectos formales de las actuaciones, dado que la actora como persona jurídica esta obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Por lo que se confirma el acuerdo sancionador dado que no es necesaria la firmeza de la liquidación para iniciar el procedimiento sancionador concurriendo los elementos necesarios para apreciar la existencia de la infracción tributaria.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión.
Resumen: Se resuelve este litigio con aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada de reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que supone rescatar la doctrina tradicional de nuestros tribunales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de simple estancia irregular, de manera tal la expulsión se considera la consecuencia única de la estancia irregular aunque se exige una valoración de las circunstancias concurrentes ya que, a la postre, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal . El propio Tribunal Supremo analiza en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, RC 2251/2021, alguna de la casuística al respecto de los datos negativas o positivos que pudieren justificar o no la expulsión, señalando que deben constar en la resolución que acuerda la expulsión.
Resumen: Se sigue proceso penal por delito de atentado y delito de lesiones en el que consta que se ha dictado auto de apertura del juicio oral al respecto, y que ya existe el propio escrito de acusación del Ministerio Fiscal, con petición de pena de 2 años de prisión (1 por cada delito), con sustitución de la pena privativa de libertad por la propia expulsión por 10 años como condena penal y que se ha acordado la búsqueda, detención e ingreso en prisión del aquí apelante para la celebración de la comparecencia necesaria y se ha dictado auto de rebeldía. Para la Sala son estos hechos negativos suficientes para imponer la sanción de expulsión.
Resumen: El TSJ de Castilla-La Mancha estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el titular de un local sancionado con 30.001€ por infracción muy grave del art. 45.11 de la Ley 7/2011, al considerar desproporcionada la multa impuesta por proferir frases ofensivas y amenazantes a agentes durante una inspección. La Sala confirma la existencia de infracción por presión verbal, desacato y amenazas, pero reduce la sanción a 5.000€, aplicando el art. 29.4 LPAC conforme a la STS de 5/6/2025 (rec. 2014/2023), que permite imponer la sanción prevista para infracciones inmediatamente inferiores. Rechaza la alegación de indefensión por falta de traslado del expediente, al haberse subsanado con la notificación de la propuesta de resolución y posibilidad de alegaciones. También descarta la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por haberse producido los hechos en la vía pública, al estar vinculados a la inspección del local. No se aprecia vulneración del principio de tipicidad ni falta de prueba de cargo. No se imponen costas.
